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Secuelas por parto con ventosas

Descubrir que las secuelas sufridas por un ser querido o por ti misma tras un parto asistido con ventosas son el resultado de una negligencia médica puede ser devastador.

En España, este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa, y las familias afectadas a menudo no saben cómo proceder para buscar justicia y compensación.

Este artículo profundiza en el complicado pero crucial proceso de reclamación por daños y perjuicios derivados de la mala praxis durante el parto, ofreciendo una guía paso a paso para aquellos que buscan respuestas y apoyo.

¿Cuándo se puede considerar negligencia?

El uso de ventosas durante el parto es una intervención médica que se realiza con el objetivo de asistir al bebé a nacer cuando el trabajo de parto no progresa de manera óptima.

Aunque puede ser una herramienta valiosa para asegurar el bienestar tanto de la madre como del neonato, su aplicación incorrecta o innecesaria puede acarrear una serie de consecuencias adversas.

Es esencial que los profesionales médicos evalúen cuidadosamente cada situación para minimizar los riesgos asociados con esta práctica.

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Riesgo para el bebé

El uso de ventosas durante el parto puede llevar aparejados una serie de riesgos para el bebé que es importante conocer. 

  • Lesiones en el cuero cabelludo: la aplicación de la ventosa sobre la cabeza del bebé puede provocar hematomas, laceraciones o incluso desgarros en el cuero cabelludo, dependiendo de la fuerza ejercida y de la duración de la succión.
  • Hemorragias intracraneales: una de las complicaciones más graves asociadas al uso de ventosas es el riesgo de hemorragia dentro del cráneo del bebé. Esto puede llevar a condiciones más severas, como la hemorragia subgaleal, que requiere atención médica inmediata.
  • Daño neurológico: aunque es menos común, existe el riesgo de que el bebé sufra daños neurológicos debido a la presión ejercida sobre su cabeza. Esto puede incluir parálisis del nervio facial o daños más extensos que afecten el desarrollo neurológico futuro del niño.
  • Marcas o cicatrices: el uso de ventosas puede dejar marcas temporales o cicatrices permanentes en la cabeza del bebé.

Riesgos para la madre

Durante este proceso, la madre también sufre y se puede enfrentar a distintos inconvenientes derivados del uso de este instrumental. 

  • Desgarros vaginales y perineales: especialmente si la intervención se combina con la necesidad de realizar un parto vaginal operativo.
  • Hemorragias postparto: la manipulación y las fuerzas ejercidas durante un parto con ventosas pueden contribuir a un mayor riesgo de hemorragia postparto debido a lesiones en el canal de parto o a la fatiga del útero.
  • Infecciones: cualquier intervención que rompa las barreras naturales del cuerpo puede aumentar el riesgo de infección. 

Obligatoriedad de Consentimiento informado

La Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y establece que cualquier intervención médica requiere del consentimiento informado del paciente, o en su defecto, de sus representantes legales.

Esto significa que, antes de proceder con un parto asistido con ventosas, es necesario que los profesionales de la salud proporcionen información completa y clara a la madre sobre los posibles riesgos y beneficios de esta técnica. 

El consentimiento informado juega un papel fundamental en este proceso, asegurando que la madre comprenda las implicaciones de la intervención y participe activamente en la toma de decisiones respecto al parto.

En caso de experimentar cualquiera de estas consecuencias como resultado de un parto con ventosas, es importante buscar asesoramiento legal especializado para evaluar la posibilidad de iniciar una reclamación por negligencia médica. 

¿Cómo realizar la reclamación?

La reclamación por negligencia médica en el parto sigue un proceso específico que comienza con la recopilación de toda la documentación relevante, incluyendo el historial clínico completo del embarazo, el parto y cualquier intervención posterior.

Es importante actuar rápidamente ya que los plazos para iniciar una reclamación varían si el parto tuvo lugar en un centro público o privado.

Centro público

En el caso de negligencias ocurridas en el ámbito de la sanidad pública, la reclamación se dirige contra la administración correspondiente.

El plazo para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración por negligencia médica es de un año. Este plazo comienza a contar desde el momento en que se produce el hecho o desde que el afectado tiene conocimiento de las lesiones y de su posible relación con la actuación médica.

Centro privado

Para negligencias sucedidas en centros médicos privados, la reclamación se realiza por la vía civil. Cuando se trata de una acción por responsabilidad extracontractual (es decir, sin existencia de contrato entre paciente y médico o centro médico), el plazo es también de un año desde el momento en que el perjudicado conoce la lesión y su relación con el acto médico.

Si la relación entre el paciente y el profesional o centro médico es contractual (por ejemplo, si existe un acuerdo previo de prestación de servicios médicos), el plazo para reclamar es de cinco años, según el artículo 1.964 del Código Civil, modificado por la Ley 42/2015, que redujo este plazo desde los quince años anteriores.

¿Quién es responsable?

Los responsables de la negligencia pueden ser tanto el personal médico directamente involucrado como la institución donde se llevó a cabo el parto.

En el sector público, la reclamación se dirige contra la Consejería de Salud correspondiente, mientras que en el sector privado, la responsabilidad puede recaer tanto en el médico como en la propia clínica u hospital, dependiendo de las circunstancias del caso y de si existe un contrato de servicios médicos.

Iniciar una reclamación eficaz requiere de la asistencia de abogados especializados en negligencias médicas, que trabajarán en conjunto con peritos médicos para establecer el nexo causal entre la actuación del personal de salud y las lesiones sufridas.

El informe pericial será fundamental para determinar la viabilidad de la reclamación y para cuantificar adecuadamente la compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

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